REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Señor Presidente

Quisiera llamar la atención de Sus Señorías con respecto al artículo 60 de la Carta, norma que aborda una materia a la cual se refirió el ex Senador Edgardo Boeninger, quien ayer fuera homenajeado por las distintas bancadas, lo cual agradezco emocionadamente.

Su última participación en la Cámara Alta tuvo lugar en la Comisión Mixta el 4 de agosto. Ese día fue invitado para hablar de un tema que me parece de la máxima importancia y que ya hemos debatido en otros momentos en esta Sala: la incompatibilidad entre el ejercicio de la profesión de abogado y la tarea parlamentaria.

Señor Presidente, Honorables colegas, en el Parlamento se puede acusar a un ministro de la Corte Suprema; en el Senado debemos ratificar o no la propuesta que el Presidente de la República fórmula para el nombramiento de magistrados del Máximo Tribunal; en esta Corporación también se debe aprobar la designación de un miembro del Tribunal Constitucional.

Aquí, claramente, puede haber un grave conflicto de intereses. Y por eso quiero destacar algunos aspectos planteados por el ex Senador Edgardo Boeninger en la última oportunidad en que visitó la Cámara Alta.

Él nos habló de la necesidad de asegurar que los parlamentarios no se distraigan por el ejercicio de tareas ajenas al quehacer legislativo. Explicó que la OCDE -donde queremos incorporarnos como país- ha definido tres tipos de conflictos de interés:

Primero, el conflicto de interés real: cuando un agente público posee un determinado interés privado que puede influir en sus decisiones públicas por encontrarse dentro del ámbito de sus competencias.

Segundo, el conflicto de interés potencial, que supone la existencia de un interés privado que en el futuro puede constituir un conflicto de intereses.

Y, tercero, el conflicto de interés aparente, que cubre aquellas hipótesis en que existe un interés personal, que no necesariamente influirá en el ámbito de decisiones del agente público, pero que podría dar lugar a que terceros consideren que puede hacerlo.

¿Acaso -me pregunto- el ejercicio de la profesión de abogado puede enfrentar un conflicto de intereses al momento de elegir ministros de la Corte Suprema?

Por cierto que sí.

Por eso, en momentos en que las encuestas nos dan los últimos lugares en la evaluación que nuestros compatriotas hacen de nuestra actividad, me parece importante que nosotros, en aras de la transparencia, seamos estrictamente rigurosos en esta materia. De hecho, se nos otorga una dieta, que es la que corresponde a un Ministro de Estado. Y estos deben tener dedicación exclusiva a sus funciones, exceptuadas las labores de docencia. Esa es la misma prohibición que, a mi juicio, debiésemos tener los parlamentarios.

Por tal motivo, existiendo igual razón en términos laborales y remuneracionales, resulta exigible -así lo sostuvo el ex Senador Boeninger- la misma dedicación exclusiva.

Por ello, junto con el Diputado señor Burgos presentamos una indicación para agregar un nuevo inciso al artículo 60 de la Constitución Política, que señalaba lo siguiente:

“La función parlamentaria se ejercerá en régimen de dedicación exclusiva, y es incompatible con el desempeño de actividades privadas, sin perjuicio de las actividades docentes que pueda desarrollar el parlamentario”.

Y esto, señor Presidente, no es una novedad, porque recogimos el precepto de la legislación española.

No puede ser que en esta reforma constitucional, que pretende introducir estándares de transparencia para todos, en los sectores público y privado, nosotros, los parlamentarios, hagamos una excepción y no tengamos la misma norma establecida para los Ministros en cuanto a la dedicación exclusiva de funciones, salvo en lo que respecta al ejercicio de labores de docencia.

Quiero decirlo con mucha claridad en esta Sala. Porque cuando hablamos de transparencia, los parlamentarios somos los primeros que debemos dar señales de ella. Y no me parece adecuado hacer una excepción a las prohibiciones que rigen para los Ministros de Estado, en circunstancias de que a nosotros se nos aplica la misma norma en materia de dieta.

Lamentablemente, en la Comisión Mixta la indicación que presentamos con el Diputado señor Burgos fue rechazada.

Sin embargo, para la historia de la ley, quiero decir que ojalá -esta Sala puede reparar la situación- encaremos este asunto, a los efectos de tener la tranquilidad de que aprobamos una reforma constitucional conforme a la cual los parlamentarios nos sometamos a las mismas reglas de transparencia de los Ministros de Estado, habida consideración de que la Carta Fundamental nos otorga la misma dieta.

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